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Mil profesores perderán su puesto por no tener título de valenciano

PROFESORES AFECTADOS DURANTE LA CONCENTRACIóN ORGANIZADA LA PASADA SEMANA EN ELDA. / LP
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lunes, 17 de julio de 2017

El sindicato UGT reclama una moratoria de dos años para los interinos afectados mientras que el CSI·F ha recurrido la exigencia


«Han primado una acreditación de valenciano por encima de la experiencia». La frase corresponde a uno de los profesores interinos que perderán su puesto de trabajo por no disponer de los títulos que acreditan el conocimiento de la lengua propia -el C1 y el Certificado de Capacitación- que se exigirán para ocupar cualquier plaza docente el curso que viene.

Sin estos, no tendrán opción de elegir centro en las adjudicaciones, el procedimiento que permite a los interinos acceder a las aulas. La situación cuenta con el rechazo de varios sindicatos, que afean a Educación su falta de previsión para encontrar una solución pese a saber que el problema llegaría el próximo curso. El conseller ya ha sufrido las primeras protestas de los afectados, como la de la pasada semana en Elda.

«Los datos que nos facilitó la conselleria hablaban de 1.241 interinos que ocupaban vacante este curso y no cumplen el requisito. Por tanto, dejarán de trabajar. La gran mayoría tienen más de 45 años y más de una década de experiencia docente. Por desgracia es un colectivo que tendrá muy difícil encontrar un hueco en el mercado de trabajo», explica Pepe Gil, secretario de Enseñanza de la Federación de Empleados de Servicios Públicos de UGT PV. «El problema es que durante los últimos años no se les ha dado soluciones o facilidades. Sólo han llegado ahora, in extremis», añade.

Se refiere a que la exigencia se aprobó en 2013 y se estableció una moratoria de cuatro años para cumplirla. En este sentido, en el último momento, Educación ha organizado unos cursos intensivos y las correspondientes pruebas durante el verano para los afectados. «Si se hubiera hecho antes no estaríamos en esta situación», añade Gil.

«Me he presentado varias veces al C1, pero no lo he sacado. La última vez conseguí más de un cinco, pero exigen un seis. La capacitación sí la tengo gracias a un curso en una universidad que me pagué yo, de varios centenares de euros. Durante meses fui todos los sábados, toda la mañana. Nadie puede decir que no lo haya intentado», explica el docente ya citado, profesor de las familias industriales de FP. «En agosto me voy al paro, y de mi depende mi familia», añade. «No se valora lo que hemos hecho hasta ahora. Como yo, mucho compañeros hemos sacado adelante a alumnos que están trabajando, incluyendo chavales que de no ser por nuestra labor seguramente habrían acabado mal», dice.

La postura de la conselleria
El conseller Marzà ha defendido en varias intervenciones que la exigencia se deriva de una orden del PP que era más restrictiva, pues les expulsaba de la bolsa, y que ellos han optado por desactivarlos, de manera que recuperarán su puesto una vez consigan los requisitos lingüísticos.

Javier González, responsable de Enseñanza Pública en UGT PV, matiza que aunque consigan los títulos en las pruebas, que llegan en septiembre, habrán pasado las adjudicaciones de julio y las de inicio de curso -el primer examen es el día 9-, por lo que sólo podrían optar a sustituciones, no a plazas de curso completo. Con el agravante de que en el próximo ejercicio los interinos pueden repetir en el puesto un año más, lo que reducirá las vacantes en adjudicaciones futuras.

El sindicato reclama a Educación ampliar la moratoria dos cursos más, eximir de la exigencia a los mayores de 50 años con al menos diez de experiencia y permitir la elección de plaza en zonas castellanoparlantes, así como impulsar un plan formativo con la antelación suficiente. «Hay particularidades en estas zonas, donde desarrollo mi labor, que se deben tener en cuenta», explica Vicente Jover, otro profesional afectado. Al fin y al cabo, en estas no existe tanta carga docente en la lengua propia. «Le pido al conseller que reconsidere la situación. Creo que los mejores profesores no son los que saben valenciano, son los que aman su profesión», añade.

Suspensión cautelar
Por su parte, el área de Enseñanza del sindicato CSI·F ha presentado dos recursos en los tribunales que incluyen la petición de suspensión cautelar de las resoluciones que contemplan la exigencia. Fuentes de la organización alegaron que se producirá un daño irreparable tanto en los afectados, que dejan de trabajar, como en el servicio público que se presta, pues supone «echar a la calle a profesionales con años de experiencia acumulada en las aulas».



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